La Contraloría de Medellín asumirá la investigación sobre Empresas Públicas de Medellín por presunto detrimento patrimonial en la central de Hidroituango.

La Contraloría Distrital de Medellín asumirá la investigación contra Empresas Públicas de Medellín por un presunto detrimento patrimonial. Este proceso se centrará en los cambios de contratistas realizados en la central hidroeléctrica de Hidroituango, ubicada en la subregión del Norte antioqueño.

La decisión se conoce mientras la Contraloría General de Antioquia adelanta una auditoría especial sobre el proyecto. Esta revisión busca determinar si las modificaciones en los contratos generaron sobrecostos que impidieron a la Sociedad Hidroituango obtener las utilidades financieras previstas.

División de las investigaciones por jurisdicción

El proceso de control fiscal se dividirá de acuerdo con la participación de cada entidad en la obra. La auditoría establecerá primero si existió un daño económico real y, posteriormente, cada organismo de control asumirá las indagaciones correspondientes según su competencia territorial y administrativa.

Paula Ortega, contralora de Medellín, explicó que su despacho revisará la actuación de Empresas Públicas de Medellín. Por su parte, el nivel departamental se encargará de determinar la presunta responsabilidad del Instituto para el Desarrollo de Antioquia y de la Gobernación de Antioquia.

Como primera acción, la Contraloría General de Antioquia cuantificará el porcentaje de responsabilidad del Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Una vez concluida esta fase, el expediente restante será trasladado a la entidad distrital para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal correspondiente.

Alertas previas y autonomía en el megaproyecto

Los cambios en los constructores del megaproyecto ocurrieron durante el año 2023. Según la Sociedad Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín tomó la decisión de manera autónoma de no continuar con las firmas contratistas que estaban al mando de las obras principales desde el año 2011.

Esta situación genera expectativa en el departamento de Antioquia, ya que los presuntos sobrecostos impactarían las finanzas públicas de la región. Además, las utilidades de la central hidroeléctrica son fundamentales para la inversión social y el desarrollo de proyectos en los municipios antioqueños.

Las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas documentales para delimitar las responsabilidades fiscales. Mientras tanto, las obligaciones del contrato firmado en 2011 siguen vigentes, manteniendo a Empresas Públicas de Medellín como responsable de construir, operar y mantener la central de energía hasta el año 2061.

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